Un juez de lo Mercantil será el encargado de decidir si el arquitecto Juan Antonio García Solera plagió los techos del Auditorio de la Diputación a otra empresa, Paco Blasco Arquitectura en Madera, que ayer le llevó a juicio para reclamar que se reconozca la propiedad intelectual sobre los diseños que se emplearon finalmente en el proyecto, aunque ejecutados por otra mercantil.
En la vista, el arquitecto negó por activa y por pasiva que hubiera utilizado los diseños de los demandantes. «Son proyectos firmados por mí y míos», declaró. García Solera, no obstante, admitió que Paco Blasco Arquitectura en madera le presentó maquetas del techo de la Sala Sinfónica y de unos paneles de madera que recubrirían el vestíbulo. Pese a que la compañía demandante reivindica que ellos hicieron modificaciones sustanciales sobre el plano que les entregó García Solera, el arquitecto manifestó ayer ante el juez que «esas variaciones no tienen entidad, no varían el sentido estético o conceptual de lo que el arquitecto ha parido». Una tesis que apoyó el perito aportado por el arquitecto, quien dijo que las modificaciones eran mínimas.
Sin embargo, el representante legal de Paco Blasco Arquitectura en Madera, Antonio Blasco, testificó ayer que, tras presentarle esas nuevas ideas para el techo de la Sala Sinfónica, el arquitecto les pidió los planos del nuevo diseño, planos que le enviaron por mail. Después de un tiempo sin tener noticias del despacho del arquitecto, finalmente se enteraron de que sería otra empresa de la que ellos se escindieron, Blasco Construcciones en Madera, quien se encargaría de ejecutar las obras de carpintería. Sin embargo, aseguran que a esa firma se le facilitaron los planos que ellos mismos habían elaborado y se les dejó fuera sin reconocer su propiedad intelectual, como reclaman en este juicio mercantil.
En principio, los demandantes contaban con que realizarían la obra, un extremo que desmintió ayer García Solera, quien explicó que él no tenía capacidad para contratar a nadie, sino que era competencia de la constructora. Como prueba, el abogado de los demandantes, Ignacio Gally, presentó la grabación de una conversación en la que uno de los colaboradores del arquitecto reconoce que la imposición de que sea la otra firma rival quien lleve a cabo el proyecto viene directamente del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP).
En la vista oral, el demandante enumeró hasta siete diferencias de sus diseños respecto al plano que les proporcionó García Solera. Un extremo que ha sido constatado por un perito judicial independiente, en cuyo dictamen se refleja que se han producido modificaciones sobre la idea original del arquitecto.
Fuente: http://www.lasprovincias.es
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